Fuente: Aire Digital
La Sala B de la Cámara Federal de Rosario le puso punto final a una denuncia por usurpación de terrenos fiscales que había impulsado la empresa Belgrano Cargas, en torno a una vieja traza ubicada en Dorrego al 4600, en el límite entre los barrios Candioti Norte y San Roque de la ciudad Santa Fe. En dicho lugar, el ferrocarril no circula desde hace por lo menos dos años, ya que de manera recurrente solían provocarse descarrilamientos por lo que la firma decidió cambiar de zona de circulación.
La medida fue mediante un fallo judicial en donde las juezas camaristas, Elida Vidal y Silvina María Andalaf, resolvieron confirmar el archivo que dispuso inicialmente el fiscal federal Walter Rodríguez (y avalado por el Juzgado N°2) que consideró necesario abordar el caso bajo otras instancias judiciales o, en su defecto, que se le dé intervención al Estado municipal o provincial.
La resolución judicial fue a partir de una denuncia impulsada por el abogado Gustavo Guillermo Huarte, que en representación de la empresa Belgrano Cargas impulsó en agosto del 2022 una denuncia en el Juzgado Federal N°2 de Santa Fe en donde pidió que se investigue la usurpación de un terreno fiscal ubicado en la manzana que componen las calles Dorrego y Pedro Díaz Colodrero y Avellaneda y Luciano Torrent. Allí, según estableció la denuncia, fueron levantadas siete viviendas y el terreno baldío quedó recubierto con chapas.
La denuncia recayó en la Fiscalía de Rodríguez, que tras un relevamiento ejecutado con la Policía Federal resolvió archivar el caso y no instar ninguna medida judicial al considerar que se está ante un problema de “vulnerabilidad social” generado principalmente por imposibilidad de acceso a la vivienda digna. De hecho, el relevamiento de la fuerza policial determinó que algunas de las familias se encuentran radicadas en el lugar desde hace por lo menos 20 años.
“Una aproximación al presente conflicto mediante el derecho penal no haría otra cosa que desencadenar males mayores y complicar más aún el ya complejo panorama”, remarcó el funcionario judicial en su dictamen.
El fiscal sostuvo además que en todo caso el conflicto podría destrabarse en otra área del Estado por lo que pidió que se remitan las actuaciones a la Agencia de Hábitat de la Municipalidad de Santa Fe o provincia o a la de Administración de Bienes del Estado Nacional.
No conforme con el archivo del fiscal, la empresa Belgrano Cargas apeló la resolución judicial y fue hasta la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en noviembre del año pasado y presentó un pedido para desarchivar la denuncia y continuar con la investigación.
“Dichas obras se han realizado de manera clandestina y a partir del despojo de los terrenos de propiedad y explotación de mi representada”, señalaron desde la firma. En tanto, calificaron que la Fiscalía tuvo una “actitud pasiva” y pidieron el apartamiento del fiscal por “perdida de objetividad”.
Radicado el pleito judicial en la Cámara Federal, las juezas de la Sala B resolvieron no hacer lugar al planteo de la empresa al considerar que este tipo de conflictos no pueden ser abordado de manera penal.
La medida fue mediante un fallo judicial en donde las juezas camaristas, Elida Vidal y Silvina María Andalaf, resolvieron confirmar el archivo que dispuso inicialmente el fiscal federal Walter Rodríguez (y avalado por el Juzgado N°2) que consideró necesario abordar el caso bajo otras instancias judiciales o, en su defecto, que se le dé intervención al Estado municipal o provincial.
La resolución judicial fue a partir de una denuncia impulsada por el abogado Gustavo Guillermo Huarte, que en representación de la empresa Belgrano Cargas impulsó en agosto del 2022 una denuncia en el Juzgado Federal N°2 de Santa Fe en donde pidió que se investigue la usurpación de un terreno fiscal ubicado en la manzana que componen las calles Dorrego y Pedro Díaz Colodrero y Avellaneda y Luciano Torrent. Allí, según estableció la denuncia, fueron levantadas siete viviendas y el terreno baldío quedó recubierto con chapas.
La denuncia recayó en la Fiscalía de Rodríguez, que tras un relevamiento ejecutado con la Policía Federal resolvió archivar el caso y no instar ninguna medida judicial al considerar que se está ante un problema de “vulnerabilidad social” generado principalmente por imposibilidad de acceso a la vivienda digna. De hecho, el relevamiento de la fuerza policial determinó que algunas de las familias se encuentran radicadas en el lugar desde hace por lo menos 20 años.
“Una aproximación al presente conflicto mediante el derecho penal no haría otra cosa que desencadenar males mayores y complicar más aún el ya complejo panorama”, remarcó el funcionario judicial en su dictamen.
El fiscal sostuvo además que en todo caso el conflicto podría destrabarse en otra área del Estado por lo que pidió que se remitan las actuaciones a la Agencia de Hábitat de la Municipalidad de Santa Fe o provincia o a la de Administración de Bienes del Estado Nacional.
No conforme con el archivo del fiscal, la empresa Belgrano Cargas apeló la resolución judicial y fue hasta la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en noviembre del año pasado y presentó un pedido para desarchivar la denuncia y continuar con la investigación.
“Dichas obras se han realizado de manera clandestina y a partir del despojo de los terrenos de propiedad y explotación de mi representada”, señalaron desde la firma. En tanto, calificaron que la Fiscalía tuvo una “actitud pasiva” y pidieron el apartamiento del fiscal por “perdida de objetividad”.
Radicado el pleito judicial en la Cámara Federal, las juezas de la Sala B resolvieron no hacer lugar al planteo de la empresa al considerar que este tipo de conflictos no pueden ser abordado de manera penal.
La resolución contempló además lo que había indicado la Fiscalía que desde hace dos años el ferrocarril dejó de pasar por esa zona ya que la empresa utilizó una vía paralela más alejada de las viviendas precarias.
“Estamos frente a un cuadro de vulnerabilidad social que conduce irremediablemente a sus involucrados a situaciones como la ventilada en autos, por lo que –con independencia del derecho a recuperar la posesión de los terrenos en cuestión-, este tipo de conflictos exceden al derecho penal”, sentenció el fallo judicial.
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